En España el 11,3% de los pobladores posee nacionalidad extranjera

MADRID (Por Irene Benito, especial para LA GACETA).- El 11,3% de la población de España (5,2 millones de personas) tiene nacionalidad extranjera, según el censo 2008 del Instituto Nacional de Estadística (INE) de ese país. El 36% de los inmigrantes oficiales -los que constan en los padrones municipales- provienen de algún país latinoamericano. De ese 11,3%, los ecuatorianos suman 420.111 y los colombianos, 280.705. De acuerdo con el INE, los 145.315 argentinos ocupan el cuarto puesto, detrás de Bolivia.

En la embajada y los consulados que Argentina tiene en España sospechan, sin embargo, que a esa cifra hay que sumarle 100.000 personas más. Esta inmigración sumergida, irregular, que es todavía mayor en otros países hispanoamericanos y que se extiende por todo el territorio de la Unión Europea (UE), tiene los días contados en virtud de la controvertida directiva de retorno, texto que el Parlamento de la UE aprobó el 18 de junio en Bruselas, y que el Parlasur, la institución equivalente del Mercosur, ha rechazado por unanimidad el viernes en Tucumán.

Con esta directiva, Europa logró un raro consenso en tiempos de desencuentros y dudas sobre el futuro de la integración regional, materializado en la respuesta negativa de Irlanda al Tratado de Lisboa (el “No” se impuso sobre el “Sí” en el referéndum del 13 de junio), instrumento que pretende fijar las bases institucionales para la evolución de la UE. Allende el Atlántico, la política sobre inmigración irregular también consiguió alinear a las autoridades de los países sudamericanos afectados por la directiva, y que, muy probablemente el martes, cuando concluya la Cumbre tucumana, la repudien en conjunto.

La directiva, que entrará en vigencia dentro de dos años -periodo de tiempo destinado a que los ordenamientos jurídicos internos se adapten a las prescripciones de la UE-, es principalmente objetada porque legitima la internación de los inmigrantes irregulares en centros especializados por un plazo máximo de 18 meses. Pero si esta norma general no puede ser cumplida, el texto autoriza a los Estados a recurrir a un centro penitenciario común, con la única previsión de separar a los extranjeros de los presos ordinarios.

Si bien en términos generales la directiva acentúa la voluntad política común de restringir -y hasta penalizar- el libre tránsito de los ciudadanos no comunitarios en el territorio de los 27 países miembros de la UE, en lo inmediato ha colocado a España y Portugal en una posición difícil respecto de los especiales -y recíprocos- vínculos culturales, políticos y económicos que mantienen con América Latina. La desavenencia llega justo cuando Iberoamérica se dispone a celebrar los bicentenarios de las Declaraciones de la Independencia de las ex colonias americanas.

El efecto de la crisis
La directiva de retorno de inmigrantes irregulares coincide con la sensación de que la economía de Europa está en crisis. En ese contexto, las noticias sobre el aumento del desempleo y del índice de inflación han traído aparejada las voces que urgen discutir sobre el fenómeno de la inmigración y la conveniencia de blindar las fronteras.

La cuestión fue ampliamente tratada en los debates entre el liberal Mariano Rajoy y el socialista José Luis Rodríguez Zapatero durante la campaña en España para las elecciones generales del 9 de marzo. Rajoy, como el presidente francés Nicolás Sarkozy, considera que los inmigrantes deben firmar un contrato de integración y rendir exámenes sobre cultura y costumbres. Zapatero, que finalmente logró la reelección en la presidencia, propone aumentar la cooperación internacional (prometió llevarla hasta el 0,8% del producto bruto interno), proteger a los inmigrantes que estén dentro de los límites de la ley e incrementar los procedimientos de repatriación de los extranjeros en condición irregular.

Esta política, que a menudo es considerada ejemplar en Europa, contrasta con las disposiciones de la directiva de retorno, aprobada con el voto de dieciséis eurodiputados del Partido Socialista Obrero Español. Zapatero repite, no obstante, que la decisión mejora las garantías de los extranjeros sujetos a los procedimientos de expulsión.

El esfuerzo por controlar las fronteras no es sólo legislativo: una sofisticada tecnología de escaneo del iris funciona desde hace semanas en la zona de migraciones del aeropuerto Heathrow, en Londres, para agilizar el paso a los ciudadanos británicos. El sistema sirve de entretenimiento para el resto de los pasajeros, que deben armarse de paciencia para enfrentar un interrogatorio exhaustivo, acreditar visados y explicar los motivos de la visita a la isla. Lo cierto es que cada vez son más, más caros y más complejos los trámites que un extranjero debe gestionar para estar dentro de la ley en el Primer Mundo.